España en el proceso de ampliación de la Unión Europea al este
- Autores: Sonia Piedrafita Tremosa
- Directores de la Tesis: José Ignacio Torreblanca Payá (dir. tes.)
- Lectura: En la UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia ( España ) en 2009
- Idioma: español
- Tribunal Calificador de la Tesis: Andrés de Blas Guerrero (presid.), Charles T. Powell (secret.), Esther Barbé (voc.), Carlos Closa Montero (voc.), Knud Erik Jorgensen (voc.)
- Materias:
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- Resumen
El objetivo principal de esta tesis es explicar en qué medida y por qué motivos el Gobierno español apoyó la ampliación de la UE al Este si podía perjudicar los intereses nacionales. El objetivo teórico consiste en mostrar a través de qué mecanismos y bajo qué circunstancias el contexto institucional europeo puede influir en la formación de las preferencias nacionales. Para ello se han contrastado supuestos de la teoría de la elección racional y del constructivismo aplicados a un contexto muy institucionalizado como es el de la UE.
Según las premisas del institucionalismo racionalista, el Gobierno español habría apoyado la decisión histórica del Consejo Europeo de Copenhague de junio de 1993 de admitir a los países asociados que cumplieran determinados requisitos por los elevados costes de oponerse a un proyecto mayoritariamente aceptado, exigiendo a cambio compensaciones en otras negociaciones prioritarias para los intereses españoles, e imponiendo sus condiciones en las decisiones subsiguientes en política de ampliación, como la selección de los candidatos, la apertura de las negociaciones o los términos de las adhesiones. Según las premisas del institucionalismo sociológico, el Gobierno español, habría apoyado las adhesiones de los países de Europa central y oriental, a pesar de los costes, y habría acomodado sus intereses a lo largo de las negociaciones, porque era la acción que de él se esperaba de acuerdo con las normas colectivas consensuadas en un proceso deliberativo a partir de los valores comunitarios.
Este estudio de caso muestra en detalle la política del Gobierno español a lo largo del proceso de ampliación de la Unión Europea a los países de Europa Central y Oriental, desde la caída de los regímenes comunistas hasta su ingreso en la UE, contrastando a lo largo del mismo una serie de indicadores o expectativas derivadas de ambas hipótesis. Estos indicadores se refieren a la lógica de la acción política y a su justificación de la acción política, al modo de interacción predominante y a los mecanismos de convergencia de las preferencias nacionales y el papel de las instituciones europeas.
Tanto en la decisión histórica de ampliar en junio de 1993 como en las decisiones subsiguientes referidas al calendario y alcance del proceso por un lado, y a los términos de las adhesiones propiamente dichas por otro, el Gobierno español eligió el curso de acción o estrategia política que más beneficios podía generarle (lógica de las consecuencias), intentando al mismo tiempo ser coherente con las expectativas de comportamiento generadas a nivel europeo y marcadas por la norma colectiva de responsabilidad hacia los PECO (lógica de lo apropiado). No sólo trató de que se aceptaran sus demandas y conseguir sus objetivos (negociación estratégica), sino que también participó en procesos discursivos sobre las normas y principios a aplicar en cada situación concreta, aceptando el resultado de las mismas a veces en contra de su propio interés (deliberación). La legitimación de las acciones políticas se realizó tanto con criterios de eficiencia (argumentos pragmáticos) como de identidad y justicia (argumentos ético-políticos y morales).
Las preferencias del Gobierno español fueron convergiendo con las preferencias colectivas no sólo por los beneficios que una actitud cooperativa podía suponer (racionalidad instrumental), sino también por las obligaciones que sentía como socio comunitario y porque compartía la legitimidad normativa de las propuestas (racionalidad contextual). Así pues, hasta cierto punto fueron endógenas al proceso de interacción europea. Las instituciones europeas no sólo ejercieron un papel funcional, sino también normativo, aportando criterios para identificar las opciones 'apropiadas' y el papel de 'buen socio'.
