Resumen de ¿Es posible una escuela democrática y participativa con la LOMCE?
- español
La nueva reforma educativa, la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa supone la práctica eliminación del funcionamiento democrático y participativo de los centros educativos, contradiciendo el artículo 27 de la Constitución. Esta reforma plantea un modelo de autonomía de los centros que rompe con toda la cultura de colaboración y participación necesarias para que la labor educativa tenga éxito. De hecho, como se puede constatar en el análisis de su desarrollo que el consejo escolar queda relegado a funciones meramente consultivas, lo que conlleva arruinar la poca “democracia participativa” que quedaba en los centros de Enseñanza, mientras que las funciones decisorias pasan a ser competencia de un director o directora, nombrado directamente por la Administración y no por su comunidad educativa mediante elección democrática. El centro pierde la opción de intervenir en lo que ya era solo un concurso de méritos. Le queda un escaso 30% (ahora es un 66%). Por si fuera poco, la mitad de ese 30% será del Claustro y ni siquiera se obliga a que el resto sea del Consejo escolar. El modelo jerárquico y piramidal de decisión que plantea la nueva ley, parece que no potenciará una dinámica participativa dentro del centro, sino que, por el contrario, lo más fácil es que genere un clima burocrático y autoritario, justamente lo contrario que recomiendan todas las investigaciones sobre liderazgo y organización educativa (Bolívar Botía, 2010).
- English
The new educational reform, the Organic Law for the Improvement of Educational Quality, involves the almost total elimination of democratic practice and participation in schools, in contradiction to Article 27 of the Constitution. This reform introduces a model of school autonomy that negates the culture of collaboration and participation necessary for successful education. In fact, as can be seen in an analysis of its implementation, the role of the school council has been relegated to a merely advisory function, eradicating the little "participatory democracy" remaining in schools, whilst responsibility for decision-making functions has been transferred to head teachers, appointed directly by the authorities rather than by the educational community through democratic election. Schools have lost their power to intervene in what was once a merit-based appointment. They are now left with a scant 30% of the vote, whereas previously it was 66%. Furthermore, half of that 30% corresponds to the staff council and it is not even obligatory that the rest should correspond to the school council. The pyramidal and hierarchical decision-making model introduced by the new law does not seem to promote a participatory dynamic within the school, but on the contrary, will generate a bureaucratic and authoritarian climate, precisely the opposite to what all research on educational leadership and organisation has recommended (Bolívar Botía, 2010).
