La reacción de la Administración de Justicia española frente al coronavirus SARS-CoV-2 no puede venir dada exclusivamente por una mayor aportación de medios materiales y personales. Lejos de cualquier pretendido cortoplacismo, el debate sobre la organización y especialización judicial emerge imprescindible para, con la superación del modelo tradicional de 1988, construir definitivamente un servicio público de justicia que responda a las exigencias de agilidad, eficacia y certeza que legítimamente reclama la ciudadanía de 2021.
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