Resumen de La necesidad de repensar el Estado de Bienestar
Iniciado el siglo XXI podemos plantearnos si es necesario revisar el Estado de Bienestar sobre el que con tanto ardor se debatió en los últimos años de la centuria pasada. El debate sobre el Welfare State no es nuevo ni será definitivo porque en el mismo inciden componentes de diversa naturaleza: ideológica, económica, política... que contribuyen, más que a aclarar las coordenadas sobre las que el mismo debe desarrollarse, a mezclar los argumentos a su favor y en su contra.
El objetivo de estas reflexiones es doble: por un lado se pretende poner de relieve cuáles han sido los factores que contribuyeron inicialmente al éxito y expansión de los modernos sistemas de bienestar y cuáles los que de forma recurrente los han llevado a una situación crítica de forma que han pasado de considerarse la gran conquista política de la modernidad a ser el límite estructural de la misma. Por otro lado, la constatación del hecho de que los sistemas de bienestar han resistido de forma numantina las reiteradas situaciones que abogaban por su reducción y/o desmantelamiento inspira el segundo objetivo: apuntar cuáles pueden ser sus posibles líneas de reforma.
La reforma podría seguir tres orientaciones que, lejos de ser mutuamente excluyentes, se complementan: la redistribución intrapresupuestaria de recursos con el fin de liberar fondos para las funciones de bienestar, manteniendo el saldo presupuestario vigente; la adopción de medidas que permitan allegar per se más recursos para este propósito sin afectar al resto de partidas presupuestarias y el aumento de la eficiencia del gasto social. Esta trilogía comporta la asunción de que debe seguir siendo el sector público quien continúe asumiendo las funciones que han venido determinando el contenido del Welfare State, rechazando las posibles posturas privatizadoras de la provisión de las distintas manifestaciones de su acción protectora, lo cual es compatible con la producción privada de determinados servicios y con la explicitación de los costes reales que suponen las distintas prestaciones que actualmente se suministran, con el fin de corresponsabilizar a los usuarios y despertar en ellos la conciencia de que existe un vínculo entre lo que se recibe en concepto de beneficiario y lo que se contribuye a financiar en concepto de contribuyente y/o cotizante.
Esto supondría, en definitiva, colocar en manos de los consumidores la decisión de cómo distribuir la protección social entre los poderes públicos y el mercado sin olvidar que hay que conciliar el Estado de Bienestar que se desea con el que permiten ciertas variables económicas y con el que se está dispuesto a financiar.
